Felicidad de pueblo, grandeza de la nación

Las fuerzas políticas ajenas a la élite atraviesan una crisis de sentido que compromete su proyección como fuerzas de conducción social. La causa de ello reside en la forma en que se ha comprendido al sujeto popular dentro de la trayectoria histórica chilena. De ese modo, la distancia entre discurso, experiencia social y horizonte revela una dificultad para situar al pueblo como comunidad histórica viva, portadora de una memoria material y moral sedimentada en el tiempo.

En la historia política del país, lo popular se ha constituido en el cruce entre sufrimiento social, organización comunitaria, transmisión intergeneracional y expectativas de protección, configurando una continuidad histórica en la que el pueblo se reconoce como sujeto colectivo. Esa memoria práctica ordena jerarquías de bienes, fija criterios de justicia y sostiene una conciencia de pertenencia que puede estructurar la vida social.

Durante las últimas décadas, sin embargo, se consolidó una lectura del pueblo basada en la agregación de identidades sectoriales, que fragmenta la experiencia. De ese modo, la noción de comunidad ha perdido fuerza y la política quedó circunscrita a la administración del orden y a la producción simbólica de identidades sin articulación común. Por ese motivo sostenemos que el Frente Amplio reproduce una forma de comprensión del pueblo que debilita su capacidad de conducción, al carecer de un principio de unidad que permita articular las fuerzas sociales en un proyecto coherente.

Esta crisis de orientación se agrava en un contexto internacional marcado por el agotamiento del orden que organizó las últimas décadas. La reconfiguración del poder económico, las disputas por la soberanía y los cambios en los equilibrios geopolíticos exigen una lectura estratégica que las fuerzas políticas ajenas a la élite no logran formular. En ese contexto, proponemos la reaparición de lo nacional como el plano donde el pueblo se reconoce como comunidad de destino y posibilita la proyección de su existencia mediante la organización de sus fuerzas sociales. Así, examinaremos la relación constitutiva entre pueblo histórico y comunidad nacional para abrir un horizonte de reorganización política anclado en la experiencia histórica concreta del pueblo chileno.

1. Pueblo histórico y la cuestión nacional

1.1 El sufrimiento como matriz histórica

La formación histórica del pueblo chileno se desarrolló en condiciones de precariedad estructural, subordinación económica y fragilidad institucional. Esa trayectoria se expresa en biografías organizadas en torno a la inestabilidad material y en estrategias familiares de supervivencia intergeneracional. Concretamente este pueblo son las familias empobrecidas, las poblaciones marginadas, los trabajadores sin protección, los niños vulnerados, los ancianos desamparados y las comunidades sometidas a condiciones indignas. Durante las últimas décadas, la vida social se expresa en vidas sometidas a la incertidumbre y la desprotección (1).

1.2 Constante formal, moral y espiritual del pueblo chileno

Pero la historia del pueblo de Chile no solo es una en que la precariedad es la protagonista, pues si el pueblo de Chile solo fuera una agregación de individuos sufrientes, no habría sujeto histórico, sino una masa informe. Por lo tanto, es necesario reconocer que la experiencia popular se sostiene en una memoria compartida y en una forma concreta de comprender la vida común, donde la comunidad aparece como una trama histórica de pertenencia que configura un nosotros colectivo capaz de sostener identidad social a lo largo del tiempo (2).

Aquella comprensión de la vida en común depende del surgimiento de valores en el mundo popular, el cual encuentra su punto de arraigo en una experiencia primaria. Es decir, una que sea común a la mayoría de las biografías chilenas. Esa experiencia es la maternidad popular. Entorno a ella se articula una forma de relación con el mundo que antecede cualquier formulación normativa y que, sin embargo, orienta con claridad la acción y el juicio del mundo popular. Esto se debe a que tanto hijas, hijos, hombres, mujeres, padres y madres adoptan una determinada forma de ver el mundo y ordenar sus relaciones sociales en función de aquello que aprendieron de su madre. Día a día en la cocina del hogar.

El vínculo originario entre madre e hijo introduce una experiencia de dependencia radical. La subsistencia del niño exige una dedicación continua, atenta al ritmo de necesidades inmediatas. En ese horizonte, el cuidado se instala como el principal criterio de acción. Aparece como exigencia inscrita en la experiencia misma de sostener la existencia. (3)

Esa relación inicial, ordenada por el cuidado, configura, a su vez, una comprensión específica de la pertenencia. La existencia del niño se entrelaza con la de quien lo sostiene. De esa experiencia emerge una forma de lealtad que reconoce en la cercanía y en la continuidad del vínculo un nuevo criterio de orientación práctica. De ese modo, es la comunidad próxima la que se torna moralmente relevante, tal como la familia nuclear, los abuelos que cuidan, los vecinos que colaboran o la población que protege. Así, la lealtad a una comunidad se vuelve un valor solo en la medida que esta es un espacio donde la vida se resguarda y se transmite. Allíel lazo social se percibe como condición de estabilidad y continuidad. (4)

Si abordamos la temporalidad en la que se inscribe la maternidad popular, podemos encontrar un tercer rasgo que acompaña al cuidado y a la lealtad comunitaria: el esfuerzo. La maternidad se despliega en contextos atravesados por la inestabilidad laboral, la precariedad y la fragilidad de los apoyos institucionales. La vida cotidiana exige constancia, reiteración de tareas, atención sostenida. De ese modo, en el esfuerzo se encarna la persistencia y la capacidad de sostener la vida. (5)

A los tres valores (cuidado, lealtad y esfuerzo) se agrega un cuarto que deriva de la cercanía permanente con el riesgo social: el realismo. La enfermedad, la escasez y la incertidumbre atraviesan la experiencia diaria y ordenan la percepción del entorno. Así, surge una forma de realismo que evalúa situaciones y decisiones según su impacto concreto en la estabilidad de la vida. Por ese motivo, las promesas adquieren sentido en la medida en que se traducen en protección tangible y en mejoras verificables dentro de la experiencia cotidiana. (6)

Cuidado, comunidad, esfuerzo y realismo componen una estructura de sentido que organiza la percepción y la acción. Desde ese entramado, el mundo aparece jerarquizado y cargado de significación práctica. Por lo tanto, no será descabellado sostener que ningún proyecto tendrá resonancia popular si no está articulado por estos valores.

1.3 Definición esencial del pueblo chileno

Entonces, podemos sostener que el pueblo de Chile se define en la potencia social acumulada en el sufrimiento ordenado por los valores morales. En la trayectoria popular chilena, la precariedad estructural, la dependencia económica y la vulnerabilidad social sedimentan una capacidad social latente que contiene la posibilidad real de constituir una comunidad histórica. Esa potencia social encuentra forma histórica cuando la memoria del mundo popular, manifestada en el cuidado como deber vital, en la lealtad como estructura de pertenencia, en el esfuerzo como fuente de dignidad social y en el realismo como criterio de orientación práctica, actúa como principio formativo que modela esa energía social y la orienta hacia la reproducción histórica de la comunidad nacional.

2. Nación y conducción política

En esta sección, nuestro análisis se desplazará desde lo que el pueblo es hacia el modo en que existe históricamente. Es decir, hacia su acto de ser. Esto marca una tendencia que se expresa naturalmente en el Estado. Sin embargo, esa unidad ha sido distorsionada en nuestra historia al separar sistemáticamente la institución de la organización popular.

2.1 El ser nacional como acto radical de existencia histórica del pueblo

La comprensión histórica de un pueblo llega a su claridad conceptual cuando se distingue su constitución material, su forma histórica y su acto de existencia. En el caso chileno, la materia histórica del pueblo se arraiga en la experiencia acumulada de sufrimiento material, en la precariedad estructural, la dependencia económica y la vulnerabilidad social que configuran la base real de su existencia (7). Sobre esa base se inscribe la forma del sujeto popular, expresada en la memoria histórica compartida y en los valores morales que ordena la vida popular, fija jerarquías de bienes y transmite criterios éticos de continuidad histórica (8). La plenitud histórica del pueblo emerge en su acto de ser, que consiste en su organización como comunidad viva, en la articulación orgánica y armónica de las fuerzas sociales y productivas en estructuras concretas de vida colectiva. Allí el pueblo se realiza como sujeto histórico pleno, y en esa realización se manifiesta el ser nacional como expresión histórica concreta de la nación chilena. Desde esta perspectiva, el ser nacional se comprende como el acto del pueblo en cuanto comunidad histórica organizada (9).

En ese horizonte, la expresión del ser nacional supone condiciones que aseguran la capacidad de conducción. Aquellas son la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. La primera establece un orden en el que la vida común se sostiene en criterios de equidad y dignidad compartida; la soberanía política expresa la facultad de decidir sobre el rumbo colectivo sin subordinación a intereses ajenos; la independencia económica garantiza el control de los recursos y medios que hacen posible esa decisión. Cuando estas condiciones se articulan, la organización del pueblo adquiere consistencia, pues la comunidad no solo se mantiene unida, sino que orienta su desarrollo conforme a un proyecto propio y sostenido en el tiempo.

Entonces, el pueblo debería alcanzar su madurez cuando se reconoce como sujeto consciente de su destino y se organiza como comunidad capaz de conducir su propio proceso. En este momento el Estado encuentra su legitimidad al encarnar institucionalmente la vida organizada de la comunidad nacional y expresar políticamente la unidad orgánica de las fuerzas sociales que configuran el ser nacional (10). Sin embargo, es evidente la fractura de la correspondencia entre Estado y ser nacional debido a la concentración del control estatal por un sector social.

El dominio de ese sector solo puede sostenerse mediante la exclusión persistente del pueblo de la conducción política, desplazando la organización popular de los espacios de decisión y debilitando la articulación viva entre comunidad histórica y estructura estatal. Esto fragmenta la capacidad del pueblo para actuar como protagonista de su propia historia y se erosiona la expresión concreta del ser nacional.

2.2 Estado y oligarquía

La formación del Estado chileno muestra una constante histórica: la consolidación de un bloque oligárquico que ha ejercido conducción sobre la arquitectura institucional, la orientación del desarrollo económico y los márgenes reales de la vida política (11). Esta conducción no se limita a un dominio coyuntural, sino que configura un patrón estable de organización social. En el plano económico, ese patrón adopta la forma de un modelo rentista y especulativo que inserta al país en la economía mundial como exportador de materias primas, subordinado a centros de decisión externos. Tal inserción responde a una forma concreta de reproducción de la élite, que ha articulado su acumulación en torno a este esquema y ha orientado el Estado en función de su continuidad histórica. La consecuencia es una separación persistente entre la estructura estatal y la experiencia social del pueblo, sostenida mediante su exclusión de los espacios donde se define la dirección política.

En este marco, el ser nacional reaparece de manera intermitente cuando el pueblo intenta reingresar al espacio institucional mediante partidos, movimientos o ciclos de movilización que buscan restituir su lugar en la conducción histórica (12). La política adquiere así su sentido en la disputa por esa conducción: allí se define si la potencia social del pueblo logra articularse en un proyecto común o si permanece subordinada a un orden que la fragmenta (13). La ausencia de una expresión política capaz de interpretar, jerarquizar y ordenar las necesidades estructurales del pueblo conduce a la disolución del sujeto histórico, debilitando la unidad de la comunidad nacional (14). En cambio, su reconstrucción abre la posibilidad de un proyecto político con arraigo histórico, capaz de convocar mayorías y de orientar el desarrollo del país desde la experiencia concreta de su propio pueblo.

3. Movimiento popular y la tarea histórica

La desorientación política de nuestro tiempo nace de una dificultad más profunda que una derrota electoral o un error táctico. Lo que se ha debilitado es el sentido mismo de la acción política y la comprensión del alcance de las herramientas mediante las cuales el pueblo organizado conduce su propio destino. Allí donde el ser nacional encuentra su expresión viva, lo hace en la organización social que articula las energías populares en un proyecto histórico. En ese terreno se forma la conducción. Los partidos, en cambio, pertenecen a otro plano. Su función corresponde al orden instrumental. Surgen, se transforman y desaparecen conforme cambian las coyunturas institucionales. La tarea estratégica de una época no consiste, por tanto, en perfeccionar la maquinaria electoral, sino en dar forma a un movimiento social capaz de sostener y conducir un proyecto nacional en el tiempo.

La experiencia reciente ilustra con claridad esta desproporción. Durante el ciclo anterior, la atención se concentró en la arquitectura partidaria mientras el tejido social que le otorgaba sentido perdió densidad. Se confundió representación con conducción. Allí donde el partido debía reconocerse instrumento, terminó ocupando el lugar del sujeto. A su vez, el movimiento social quedó reducido a una retórica movilizadora carente de estructura orgánica. En esas condiciones, la competencia electoral adquirió autonomía y se convirtió en un fin en sí mismo. Sin una base popular articulada, el triunfo político carece de fuerza transformadora; sin un proyecto histórico en marcha, la disputa institucional pierde dirección. La rectificación exige restituir el orden estratégico: primero el movimiento, luego el instrumento, ambos subordinados a una conducción política capaz de orientar el conjunto.

Este problema adquiere mayor gravedad en el contexto actual, marcado por la crisis del orden neoliberal. Las coyunturas críticas abren posibilidades, pero también generan regresiones cuando la conducción política se ausenta. La tarea inmediata no consiste en ajustar discursos para tranquilizar a élites inquietas ni en buscar refugio en un centro político sin base social. El desafío radica en articular un bloque nacional-popular que reúna al mundo del trabajo en todas sus formas, a las capas medias sometidas a presión económica, a los pequeños productores y a los sectores productivos interesados en un horizonte de estabilidad con desarrollo. Esa articulación requiere redefinir sujetos, reorganizar escalas de acción y restituir contenidos programáticos que conecten con la experiencia real de la sociedad.

La raíz estructural de la crisis se encuentra en el modelo económico que ha sostenido la conducción oligárquica del país. La economía chilena se organiza en torno a un patrón rentista y especulativo basado en la exportación de materias primas o recursos naturales con escaso valor agregado. Este esquema exige una inserción abierta en el mercado global para importar manufacturas baratas, mientras el sistema financiero y el régimen de capitalización previsional garantizan la circulación del capital en el interior del país. Bajo esta lógica, el aumento de la rentabilidad de ciertos sectores se presenta como motor indirecto del bienestar general. De allí surge la idea de que el Estado debe limitarse a subsidiar a los sectores más vulnerables mientras preserva intacta la estructura productiva existente. En consecuencia, cualquier estrategia orientada a la industrialización o a la reorganización productiva centrada en el trabajo nacional encuentra resistencia sistemática, pues alteraría el equilibrio económico sobre el cual se sostiene la reproducción de la élite.

La superación de este modelo exige algo más profundo que la ampliación de derechos sociales. Requiere subordinar la economía a los intereses nacionales mediante una conducción política capaz de orientar el desarrollo productivo. El orden neoliberal se edificó sobre la premisa de que economía y política transitan por carriles separados, de modo que la circulación del capital permanece ajena a las decisiones colectivas. Durante la década de los noventa, esa separación se presentó como principio organizador del orden global. La recomposición del ser nacional introduce una lógica distinta. El Estado recupera capacidad de dirección sobre el desarrollo económico y articula las fuerzas productivas conforme al bienestar del pueblo trabajador.

En términos concretos, ello supone reducir el costo de la vida para fortalecer el poder adquisitivo popular y expandir el consumo interno (15). El aumento de la demanda impulsa la producción y eleva la necesidad de trabajo. Cuando ese trabajo se organiza sobre la base de la fuerza laboral nacional, la desocupación disminuye y la economía encuentra un motor en el esfuerzo productivo de la propia sociedad. En ese horizonte, el trabajo concreto deja de ocupar una posición subordinada y pasa a constituir el eje del desarrollo nacional (16). Bajo la misma lógica, las políticas de educación, salud y seguridad adquieren coherencia estratégica cuando se subordinan a un proyecto de soberanía económica y social.

Este cambio de orientación exige abandonar las mitologías que han dominado el pensamiento económico dominante. La coordinación entre autoridad monetaria y conducción política forma parte de la arquitectura de cualquier proyecto de desarrollo; la atención al mercado interno no destruye la cadena productiva, sino que fortalece su estabilidad; la integración latinoamericana ofrece una escala histórica capaz de sostener procesos industriales y tecnológicos de mayor alcance (17). La reconstrucción del ser nacional, expresada en un movimiento popular con capacidad de conducción, exige precisamente esa reordenación estratégica (18).

Conclusión

La crisis de orientación que recorre a las fuerzas políticas populares remite a una comprensión extraviada del país. Cuando el pueblo se vuelve una suma dispersa de demandas, identidades o malestares, la política pierde arraigo histórico y se vacía de destino. Allí se vuelve imposible la conducción, porque falta el vínculo vivo entre experiencia social, memoria colectiva y proyecto común. Desde esa fractura brota la esterilidad de tantos discursos que rozan la superficie de la vida popular, pero nunca alcanzan su fuerza moral, afectivo y material.

La oligarquía, en cambio, ha sostenido una orientación constante. Su dominio ha organizado la economía, ha moldeado la institucionalidad y ha fijado el horizonte del desarrollo conforme a una racionalidad rentista, subordinada a intereses ajenos a la comunidad nacional. Bajo esa lógica, el país queda escindido de su propio pueblo, la riqueza se aparta de quienes la producen y la vida política se ordena según las exigencias de una minoría que administra Chile como plataforma de extracción y resguardo patrimonial. Tal orientación adquiere, por su propio contenido, un carácter antinacional.

De allí surge la cuestión decisiva de nuestra época. Las fuerzas populares solo alcanzarán relevancia histórica cuando asuman que el horizonte político de Chile debe nacer de la realidad concreta del pueblo chileno, de sus formas de cuidado, de sus lealtades elementales, de su disciplina cotidiana, de su sentido práctico y de su memoria larga del sufrimiento. En esa experiencia sedimentada habita una sabiduría histórica que ordena prioridades, juzga con severidad las promesas vacías y reconoce con rapidez aquello que sostiene la vida común. Quien desatiende esa trama profunda redacta programas para un país imaginario y abandona el terreno mismo donde se constituye una mayoría nacional.

Por eso nuestra tarea exige descender a lo más hondo de la chilenidad. Allí encontramos fin, medida y orientación. Allí aparece el criterio que ha de regir una política con vocación de conducción histórica. La chilenidad, entendida como forma viva de comunidad forjada en el trabajo, en la precariedad, en la familia popular, en el barrio, en la escuela, en la fiesta, en la herida y en la esperanza, guarda la clave de un proyecto nacional con fuerza real. Desde ella se vuelve inteligible qué bienes merecen primacía, qué instituciones expresan al pueblo y qué tipo de desarrollo honra su existencia histórica.

En ese punto la política recupera su verdad. Su finalidad reside en la felicidad del pueblo. Esa felicidad nombra una vida digna, segura, laboriosa y compartida; nombra la posibilidad de formar familia, de habitar barrios vivibles, de trabajar con justicia, de envejecer con resguardo, de educar a los hijos, de reconocerse en una patria que protege y convoca. Allí radica la grandeza de la patria. Allí, y solo allí, una nación alcanza altura histórica. Cuando el pueblo vive con dignidad, continuidad y esperanza, la patria se engrandece; cuando esa felicidad se vuelve principio rector de la conducción política, Chile encuentra por fin una medida propia para su destino.

Notas

(1) En los primeros años de la República, la dependencia estructural a la gran propiedad y al capital comercial consolidó un orden social caracterizado por la coexistencia de la igualdad jurídica formal y la concentración material de la riqueza. Durante el ciclo minero exportador, la incorporación popular se estructuró como proletarización en sistemas productivos donde el trabajador generaba valor sin incidir en las decisiones estructurales (Salazar, 2000).

El último período consolidó una reorganización del orden social basada en la privatización de bienes sociales básicos y expansión del endeudamiento como mecanismo de acceso a prestaciones sociales. Este proceso se caracterizó por la privatización estructural de la reproducción social bajo financiamiento público indirecto. El resultado se expresó en vidas sometidas a incertidumbre estructural, proyectos vitales planificados en función de la deuda y una sensación extendida de desprotección que, más que un episodio coyuntural, constituye la textura misma de la vida social chilena contemporánea. (Boccardo et al., 2020).

(2) En 1986, el cardenal Raúl Silva Henríquez pronunció el discurso “El Alma de Chile”, donde identificó libertad, derecho y fe como principios articuladores de esa tradición histórica nacional. En su lectura, esos principios configuran una conciencia de pertenencia, el reconocimiento de un nosotros histórico y la convicción de una tarea colectiva compartida. Allí la patria adquiere relevancia moral como comunidad histórica de destino. Sin embargo, la experiencia popular permite profundizar esa interpretación debido a que no solo produce formas de organización social, sino que engendra un horizonte de sentido desde el cual se vuelven inteligibles y exigibles determinados modos de vida.

(3) La tesis de que la comprensión de la vida común en Chile radica en la maternidad popular se sustenta en la descripción de Salazar (2000) sobre la mujer de pueblo como el «eje de la economía de subsistencia y de la creatividad cultural» frente a la ausencia del padre peonal y la negligencia del Estado. Esta experiencia no es una categoría abstracta, sino una dimensión de un sujeto «históricamente situado» en el campo social de su padecimiento, donde la reproducción de la vida se vuelve una estrategia cotidiana de supervivencia (Merleau-Ponty, 1993; Salazar, 2006). Como se observa en el caso de Rosaria Araya, la maternidad se despliega en un horizonte de «mucha pobreza» y desamparo, lo que obliga a la madre a constituirse en el «núcleo germinal» de la sociedad popular, transmitiendo en la «cocina del hogar» —el rancho como cuartel general— una forma de ver el mundo basada en la persistencia vital (Salazar, 2006, pp. 11-12; Salazar, 2000, p. 280).

(4) El vínculo entre madre e hijo introduce una dependencia radical que Salazar (2006) ejemplifica en la figura del «niño huacho», cuya subsistencia depende enteramente de una madre que debe «cargarlo» a todas partes, desde los pilones de agua hasta las ferias. En este contexto de desamparo estructural, el cuidado se instala como el principal criterio de acción, pues aparece como una exigencia inscrita en la necesidad de sostener la existencia frente a un entorno hostil (Salazar, 2006, p. 24).

(5) De la relación de cuidado emerge una lealtad que reconoce en la cercanía el criterio de orientación práctica. Según Salazar (2012), la soberanía popular se ejerce plenamente cuando los actores sociales se reconocen en un «nosotros» fundado en la solidaridad y la camaradería, valores que actúan como la energía de integración necesaria para superar el desamparo. La comunidad próxima —familia nuclear, vecinos, la población— adquiere relevancia moral porque es el espacio donde el lazo social se percibe como la única condición de estabilidad frente a la «incertidumbre estructural» (Boccardo et al., 2020; Perón, 2016). Esta lealtad no es una abstracción jurídica, sino una «solidaridad ideal» que se practica por la necesidad misma de supervivencia colectiva en los «suburbios de la ciudad bárbara» (Salazar, 2000, p. 257).

(6) El rasgo del esfuerzo se encarna en la persistencia por sostener la vida en contextos de inestabilidad laboral y fragilidad institucional. Salazar (2000) describe cómo las mujeres de pueblo combinaron el trabajo artesanal, la lavandería y el pequeño comercio para enfrentar la «epopeya de dolor» que ha marcado su fisonomía espiritual (Silva Henríquez, 1986). A esto se suma un realismo popular que evalúa situaciones según su impacto concreto en la estabilidad de la vida; en este sentido, las promesas solo adquieren valor si se traducen en «protección tangible» (Salazar, 2012, p. 248). Este realismo surge de la cercanía permanente con el riesgo social —enfermedad y escasez—, ordenando la percepción del entorno hacia aquello que efectivamente resguarda la vida (Salazar, 2006, p. 59).

(7) La comprensión histórica del pueblo, estructurada en su dimensión material, su forma histórica y su acto de existencia, encuentra una fundamentación sólida en el magisterio social de la Iglesia, especialmente en su lectura del contexto latinoamericano. En primer lugar, la constitución material descrita como una experiencia acumulada de sufrimiento y precariedad estructural se identifica con lo que la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano denomina una «situación de pecado social», donde la pobreza no es una etapa casual sino el producto de estructuras económicas y políticas injustas (CELAM, 1979, p. 232). Esta base material de existencia está marcada por lo que se ha definido como «estructuras de pecado», las cuales se fortalecen y difunden condicionando la conducta de los hombres y entorpeciendo el desarrollo integral (Juan Pablo II, 1987, p. 1538). En este sentido, la precariedad y la dependencia mencionadas en el texto reflejan la violación de la dignidad del trabajo humano y la carencia de los derechos fundamentales, factores que configuran una base real de existencia marcada por la exclusión (Juan Pablo II, 1981, p. 1376).

(8) Sobre esta materia se inscribe la forma del sujeto popular, expresada en la memoria y los valores morales, lo cual guarda una estrecha relación con el concepto de cultura y sabiduría popular. El magisterio define la cultura como el estilo de vida común que reúne a los miembros de un pueblo en una misma «conciencia colectiva», abarcando la totalidad de su vida y sus valores fundamentales (CELAM, 1979, p. 325). Esta forma histórica no es un depósito estático, sino una raíz viva que transmite criterios éticos y una «sapiencia popular» que constituye un auténtico humanismo cristiano, capaz de afirmar la dignidad de la persona incluso en condiciones de extrema dureza (Francisco, 2020, p. 1484; CELAM, 1979, p. 353). Así, la memoria compartida y los valores morales mencionados en el párrafo propuesto actúan como la matriz que ordena la vida del pueblo, permitiéndole resistir a las formas de colonización cultural que pretenden vaciar de sentido su conciencia histórica (Francisco, 2020, p. 1256).

(9) la plenitud del pueblo emerge en su acto de ser, que consiste en su organización como comunidad viva y como sujeto histórico pleno. Esta idea se vincula directamente con el principio de la «subjetividad de la sociedad», el cual establece que la socialidad del hombre no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios y estructuras de vida colectiva que gozan de su propia autonomía (Juan Pablo II, 1991, p. 558). La realización del pueblo como comunidad organizada requiere una «participación receptiva y activa» en la construcción de la sociedad, de modo que el hombre deje de ser un objeto pasivo para convertirse en el sujeto y fin de todas las instituciones sociales (CELAM, 1968, p. 86; Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004, p. 682). En esta perspectiva, el ser nacional se manifiesta cuando el pueblo se articula orgánicamente para buscar el bien común, el cual es la dimensión social del bien moral y la condición para que cada individuo alcance su perfección (Pontificio Consejo Justicia y Paz, 2004, p. 712; Francisco, 2013, p. 1192). Desde esta mirada magisterial, el acto del pueblo en cuanto comunidad organizada es lo que permite la transición de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas, realizando así su vocación histórica plena (Pablo VI, 1967, p. 1441).

(10) El Ser Nacional se manifiesta en el acto de existencia del pueblo como sujeto histórico organizado. Como señala Perón (1947, 2016), una multitud solo adquiere historicidad cuando supera la condición de "masa inorgánica" para transformarse en una "comunidad organizada" dotada de unidad de concepción y conducción. Desde una perspectiva ontológico-política, Sampay (1942) define esta plenitud como un Corpus politicum mysticum, donde las fuerzas sociales se armonizan en pos del "bien vivir".

(11) Este desplazamiento se manifiesta desde los orígenes mismos del orden republicano. Durante el ciclo independentista, los sectores populares participaron activamente en la guerra y en la organización territorial, sosteniendo materialmente el proceso político, como se evidencia en la formación de milicias y el asentamiento de familias en las "villas" de las provincias de Concepción y Coquimbo. Sin embargo, una vez consolidada la institucionalidad, el sistema político se cerró sobre sí mismo; por ejemplo, la Constitución de 1833 restringió el derecho a voto y el concepto de "pueblo" a los ciudadanos con capacidad de acumular riqueza, excluyendo de la soberanía efectiva al "bajo pueblo” (Salazar, 2000). La ausencia de representación sustantiva dio lugar a la emergencia de una institucionalidad paralela, construida desde la base social mediante mutuales, sociedades de resistencia, mancomunales y prensa obrera, que funcionaron como espacios de sociabilidad autónoma y autogestión de recursos comunitarios para enfrentar el desamparo (Salazar, 2012) En esas formas se expresó una voluntad de organización que buscaba sostener la vida común por fuera de un Estado que no recogía su experiencia histórica

A lo largo del siglo XX, esta relación se reconfigura sin alterar su estructura profunda. La ampliación del sufragio, la legislación social y la institucionalización sindical integraron al pueblo en la vida política, pero bajo una modalidad que lo incorporó como base electoral antes que como sujeto de conducción. Según Salazar (2012), los Códigos del Trabajo de 1931 y 1979 operaron como instrumentos de "castración política" al encapsular la acción sindical en el ámbito contractual-económico, subordinando la soberanía de las bases a la mediación de los partidos políticos profesionales. La participación se canalizó a través de mediaciones que administraron la representación sin transferir capacidad real de dirección, convirtiendo al trabajador en un espectador de la legislación.

Tras la dictadura, el nuevo ciclo político consolidó una orientación estatal centrada en la garantía de la acumulación privada, reorganizando la vida social en torno a la competencia individual y la mercantilización de servicios básicos como las pensiones, la salud y el agua (Boccardo et al., 2020; Salazar, 2012). Este modelo, caracterizado como un "capitalismo de servicio público", ha debilitado las formas colectivas que sostenían la cohesión social, provocando una "implosión subjetiva" y un malestar privado que fragmenta la identidad comunitaria. Así, la comunidad organizada pierde densidad, mientras el Estado se distancia aún más de la experiencia histórica del pueblo, priorizando el derecho de propiedad y la rentabilidad financiera sobre los derechos sociales.

(12) Esta movilización implica el paso de una «masa inorgánica», peligrosa para sí misma, a una comunidad organizada dotada de unidad de concepción, donde el pueblo deviene en sujeto consciente de la construcción de su propia historia (Perón, 2016). Según Salazar (2012), estos ciclos representan intentos del pueblo por ejercer su poder constituyente y construir un orden social que responda a sus necesidades objetivas frente a una institucionalidad que históricamente lo ha excluido (Salazar, 2012).

(13) La política adquiere así su sentido en la disputa por esa conducción: allí se define si la potencia social del pueblo logra articularse en un proyecto común o si permanece subordinada a un orden que la fragmenta. Filosóficamente, se trata de la transición de la «fuerza en potencia» a la «fuerza en acto», la cual solo se alcanza cuando se logra la movilización de todos los recursos y energías de la nación bajo una dirección soberana (Gullo, 2013; Perón, 1947). Perón (1947) advierte que, sin esta organización, la comunidad se precipita en los abismos del desorden y la anarquía, perdiendo su capacidad para actuar como una unidad armónica en la historia.

(14) Sampay (1942) sostiene que cuando el Estado pierde su «ethos espiritual» y su homogeneidad, el pueblo se descualifica y se convierte en una «masa atomizada», incapaz de proyectar un sentido de destino común.

(15) En términos concretos, la reducción del costo de la vida para fortalecer el poder adquisitivo popular se fundamenta en la premisa de que la economía debe ser un medio para la felicidad humana y no un fin en sí mismo (Perón, 1947, p. 217). Según Perón (1947), el aumento del consumo es la respuesta estratégica necesaria ante la normalización del comercio mundial, pues permite que la industria nacional mantenga sus máquinas funcionando y evite la desocupación masiva mediante el incremento de la demanda interna (pp. 242-243). Esta lógica se alinea con la tesis de Friedrich List (1997), quien sostiene que la "aptitud de crear riquezas" —las fuerzas productivas— es infinitamente más importante que la riqueza material inmediata (p. 218). Por tanto, cuando el trabajo se organiza sobre la base de la fuerza laboral nacional, se transforma en el motor de un "círculo virtuoso de crecimiento" que dignifica al hombre y consolida la independencia económica efectiva (Gullo, 2013, p. 846; Perón, 1947, p. 49). Bajo esta perspectiva, las políticas de educación y salud dejan de ser mercancías segmentadas por la capacidad de pago para convertirse en pilares de una "soberanía social" que protege la vida frente a la incertidumbre del mercado neoliberal (Boccardo et al., 2020, p. 578; Salazar, 2012, p. 1619).

(16) Este cambio de orientación exige lo que Marcelo Gullo (2013) define como una "insubordinación fundante": una vigorosa contestación al pensamiento económico dominante que ha sido utilizado por los Estados centrales como una ideología de dominación para mantener a la periferia en el subdesarrollo (pp. 747-748). La coordinación entre la autoridad monetaria y la conducción política es esencial, ya que, como advierte Perón (1947), un Estado que no sincroniza sus organismos neutraliza los beneficios logrados, permitiendo que "piratas de la actividad" medren en perjuicio de la nación (pp. 102, 104). Asimismo, List (1997) demuestra que el mercado interior es "diez veces más importante" que el exterior, y que la estabilidad de la cadena productiva depende de la cooperación nacional de las energías productivas (pp. 100, 260).

(17) la integración latinoamericana ofrece la escala histórica necesaria para alcanzar el "umbral de resistencia", evitando que las naciones de la región caigan en el vasallaje frente a la supremacía de las potencias industriales (Gullo, 2013, p. 765; List, 1997, p. 451).

(18) La reconstrucción del ser nacional se realiza cuando el pueblo deja de ser una "masa inorgánica" y se constituye en una "comunidad organizada", donde cada individuo asume su responsabilidad en el engranaje nacional bajo una unidad de concepción que orienta el desarrollo hacia el bien común (Perón, 1947, p. 95). Esta reordenación estratégica es, en última instancia, el acto por el cual una nación recupera su alma y su capacidad de conducir su propio destino (Silva Henríquez, 1986, p. 25).

Bibliografía

Boccardo, G., Ruiz, F., & Caviedes, S. (2020). 30 años de política neoliberal en Chile: La privatización de los servicios públicos: su historia, impacto sobre las condiciones de vida y efectos sobre la democracia. Fundación Nodo XXI.

CELAM. (1968). Documento de Medellín: La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio. Secretariado General del Celam.

CELAM. (1979). Documento de Puebla: La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Secretariado General del Celam.

Francisco. (2013). Exhortación apostólica Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Libreria Editrice Vaticana.

Francisco. (2020). Carta encíclica Fratelli tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Libreria Editrice Vaticana.

Gullo, M. (2015). La insubordinación fundante: Breve historia de la construcción del poder de las naciones. Fundación Editorial El Perro y la Rana.

Juan Pablo II. (1981). Carta encíclica Laborem exercens sobre el trabajo humano. Libreria Editrice Vaticana.

Juan Pablo II. (1987). Carta encíclica Sollicitudo rei socialis. Libreria Editrice Vaticana.

Juan Pablo II. (1991). Carta encíclica Centesimus annus. Libreria Editrice Vaticana.

List, F. (1997). Sistema nacional de economía política: Con el anexo “Esbozos de economía política americana”. Fondo de Cultura Económica.

Merleau-Ponty, M. (1993). Fenomenología de la percepción. Planeta-De Agostini.

Pablo VI. (1967). Carta encíclica Populorum progressio sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos. Libreria Editrice Vaticana.

Perón, J. D. (2010). Doctrina peronista. Biblioteca del Congreso de la Nación.

[Texto originalmente publicado en 1947.]

Perón, J. D. (2012). La comunidad organizada. Biblioteca del Congreso de la Nación.

[Texto originalmente publicado en 1949.]

Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2004). Compendio de la doctrina social de la Iglesia. Libreria Editrice Vaticana.

Salazar, G. (2000). Labradores, peones y proletarios: Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX. LOM Ediciones.

Salazar, G. (2006). Ser niño “huacho” en la historia de Chile (siglo XIX). LOM Ediciones.

Salazar, G. (2012a). Movimientos sociales en Chile: Trayectoria histórica y proyección política. Uqbar Editores.

Salazar, G. (2012b). En el nombre del poder popular constituyente (Chile, siglo XXI). LOM Ediciones.

Sampay, A. E. (1942). La crisis del Estado de derecho liberal-burgués. Losada.

Silva Henríquez, R., & Precht, C. (1986). El alma de Chile. Ediciones CIEPLAN.