Por un horizonte nacional y popular para Frente Amplio

La derrota electoral del Frente Amplio en las primarias presidenciales de 2025 constituye un hito significativo que trasciende la coyuntura y obliga a repensar en profundidad la trayectoria, estructura y orientación estratégica del proyecto frenteamplista. Más que un traspié puntual, esta crisis revela una tensión no resuelta entre el rol institucional del partido y su vocación transformadora, así como una desconexión progresiva respecto de los sectores populares que, en su origen, constituían su fundamento sociopolítico.

El presente documento parte del supuesto de que esta crisis no puede comprenderse ni abordarse adecuadamente si se reduce a cuestiones de gestión electoral o a dinámicas internas de poder. Lo que está en disputa es el carácter histórico del Frente Amplio: si continuará operando como una fuerza funcional a la administración del orden establecido, o si logrará reconstruirse como expresión política de un movimiento popular con capacidad de disputar la conducción del proceso nacional.

En este marco, se hace evidente la insuficiencia de las dos grandes corrientes que han estructurado el debate interno: por un lado, un institucionalismo que, al privilegiar la estabilidad gubernamental y la eficacia tecnocrática, tiende a despolitizar la acción del partido; por otro, un territorialismo que, si bien reivindica con razón el vínculo con las bases sociales, carece de una proyección estratégica de alcance nacional. La polarización entre ambas posiciones impide articular una propuesta integral que logre superar la fragmentación actual y ofrecer un horizonte transformador coherente.

Este texto propone una tercera vía: la construcción de una doctrina nacional y popular que permita rearticular al Frente Amplio como instrumento de un pueblo organizado, capaz de ejercer soberanía en los planos político, económico y cultural. Para ello, se plantea una arquitectura conceptual que comprende tres niveles interrelacionados: la comunidad organizada como entramado vital de la sociedad, el movimiento popular como sujeto histórico en lucha, y el partido como vehículo de conducción política. Sobre esta base, se desarrollan los principios rectores de una nueva doctrina frenteamplista —justicia social, soberanía política e independencia económica— así como las implicancias estratégicas de este giro en términos de disputa electoral y construcción de hegemonía.

Lejos de constituir un mero ejercicio programático, esta propuesta busca abrir una reflexión crítica y propositiva sobre el sentido mismo del Frente Amplio en la etapa actual, así como contribuir a la elaboración colectiva de un proyecto histórico capaz de articular las demandas dispersas del pueblo chileno en un horizonte común de transformación.

1.       Una arquitectura conceptual nacional-popular para el Frente Amplio

Antes de avanzar en una propuesta doctrinaria y estratégica para el Frente Amplio, es necesario establecer una arquitectura conceptual que permita comprender con precisión el sujeto, el campo y la finalidad de la política nacional y popular. No se trata simplemente de una definición teórica, sino de identificar los pilares estructurales que configuran nuestra visión del pueblo, sus formas de organización y su capacidad de intervención histórica. Esta arquitectura conceptual cumple una función ordenadora: ofrece un marco analítico desde el cual interpretar la realidad social, orientar la acción política y fundamentar una nueva estrategia de construcción popular. En otras palabras, permite delimitar con claridad qué entendemos por comunidad organizada, por movimiento popular y por partido, y cómo estos niveles se articulan en una misma dirección histórica.

La política nacional y popular no parte de la nada. Parte del pueblo. Pero no como una masa informe ni como una categoría electoral, sino como una comunidad organizada, históricamente viva y concreta. El pueblo chileno es una red densa y múltiple de vínculos sociales, culturales, económicos e institucionales que, más allá del conflicto político, coopera cotidianamente para el bien común. Este pueblo es una comunidad organizada en el entramado popular que hace posible la vida en común.

Allí están los sindicatos, las organizaciones feministas, los comités de vivienda y las ollas comunes, pero también las pymes, las juntas de vecinos, las escuelas públicas, los centros culturales, las cooperativas, las comunidades de vida cristiana, los espacios deportivos, los medios comunitarios, los centros de salud y hasta los municipios democráticos donde el pueblo se expresa. Es decir, toda forma en que el pueblo se organiza, no solo para resistir, sino para vivir con dignidad y construir una sociedad justa y solidaria.

La comunidad organizada es el espacio en que el pueblo busca, desde abajo, la felicidad de todos y de cada uno. Pero esa vida común no es un equilibrio espontáneo. Está permanentemente amenazada por el poder económico concentrado, el individualismo neoliberal y la exclusión estructural. Por eso, desde el corazón de esa comunidad, surge una parte del pueblo que toma conciencia histórica de su condición y se moviliza para defender y transformar esa vida común: eso es el movimiento popular.

El Movimiento Popular es la sociedad movilizada y politizada que entiende que la comunidad organizada solo se sostiene mediante el conflicto, la disputa y la lucha por el poder. Su existencia se ha manifestado con claridad en hitos recientes: la Revolución Pingüina (2006) cuestionó por primera vez en democracia el modelo educativo neoliberal; el movimiento universitario de 2011 amplificó esa crítica y articuló formas organizativas que trascendieron lo estudiantil; la revuelta feminista de 2018 politizó la vida cotidiana desde una perspectiva transformadora e interseccional; y el estallido social de 2019 encarnó la expresión más radical y plural de esa fuerza popular, al surgir desde la espontaneidad organizada de millones. Fue este mismo movimiento el que, empujado por su anhelo de justicia y dignidad, desbordó la política institucional, abrió un nuevo ciclo histórico y puso a Gabriel Boric en la presidencia de la República. Así entendido, el movimiento popular es una fuerza viva que reclama no solo representación, sino conducción política desde una vocación nacional y popular capaz de organizar su potencia y proyectarla en un horizonte de poder mediante instrumentos electorales como el Frente Amplio.

Pero este movimiento popular, por sí solo, no puede organizar la totalidad del pueblo. Fuera de él existe aún una masa dispersa, sectores populares desorganizados, empobrecidos o desencantados que no participan ni en las instituciones ni en las organizaciones. Muchos de ellos se refugian en el abstencionismo, en el repliegue individual, o son arrastrados por el discurso reaccionario que ofrece orden, identidad y pertenencia desde arriba. Esos sectores no están perdidos: son parte del pueblo y deben ser convocados. Y esa convocatoria no puede ser espontánea. Requiere conducción y allí está el rol del Frente Amplio como un instrumento de conducción.

2.       Hacia una doctrina nacional y un relato popular

Una vez definida la arquitectura conceptual que organiza nuestra comprensión del pueblo como comunidad estructurada, del movimiento popular como sujeto político y del partido como instrumento de conducción, corresponde avanzar hacia la elaboración del fundamento doctrinario que permita dotar de sentido, orientación y coherencia estratégica a ese entramado. La doctrina no es un conjunto abstracto de principios, sino el sistema de ideas fuerza que permite estructurar un relato convocante, capaz de articular a la mayoría de la comunidad organizada en torno a un horizonte común de transformación. Lo que sigue no es, por tanto, una enumeración programática, sino una propuesta doctrinal fundada en tres pilares —justicia social, soberanía política e independencia económica— que buscan reordenar el proyecto frenteamplista bajo una lógica nacional y popular, desde la experiencia concreta del pueblo chileno y con vocación de mayoría histórica.

2.1   Justicia social

En una nueva doctrina política para el Frente Amplio en Chile, la justicia social debe ser concebida como el principio ordenador de una comunidad nacional en la que el individuo no se define por su aislamiento competitivo, ni se diluye en una masa uniforme, sino que se realiza plenamente en relación armónica con los demás. Esto no se reduce a una mera redistribución material, sino que representa una ética de convivencia donde cada persona cumple una función en el entramado común, con dignidad, derechos y deberes. Es justicia como orden ético, como armonía funcional, y como expresión concreta del respeto mutuo entre sectores sociales, regiones, generaciones y formas de vida. Se trata de organizar el país como una comunidad solidaria, y no como una suma de intereses en pugna. De ese modo, la justicia se vuelve así el alma del proyecto nacional y popular, pues sin ella no hay Nación que valga la pena construir.

Pero esta justicia social no niega el conflicto: lo reconoce como una expresión de las contradicciones reales que atraviesan a la sociedad chilena. Sin embargo, a diferencia del liberalismo que lo invisibiliza, o del dogmatismo que lo absolutiza, el enfoque nacional-popular lo asume como un momento histórico que debe ser superado mediante organización, conducción y unidad. El Frente Amplio, al integrar esta visión, puede ofrecer una alternativa concreta a la fragmentación neoliberal: en vez de una lucha permanente entre sectores, propone una comunidad en la que cada uno sea reconocido por su función social, no por su capacidad de acumular. La justicia social, así entendida, supera la lucha de clases sin negarla, la ordena sin imponer uniformidad, y la integra en un proyecto común sin borrar la pluralidad. Requiere conducción política, planificación económica, y sobre todo una ética del nosotros que se enseñe y se practique.

Esta doctrina de justicia rechaza toda idea de que los derechos del pueblo deban depender de la caridad de los poderosos o del mérito individual bajo reglas impuestas por el mercado. Para el Frente Amplio, esto implica asumir que la justicia no puede ser selectiva ni condicional: debe ser universal, organizada, y sostenida en el tiempo. Esa es la tarea de una nueva izquierda nacional y popular: no administrar la desigualdad, sino construir una comunidad en la que el pueblo sea sujeto de derechos, protagonista de su destino y columna vertebral de un proyecto nacional soberano.

2.2   Soberanía política

La soberanía política debe ser entendida como el ejercicio real, consciente y organizado del poder por parte del pueblo en función de su destino histórico. No se trata de una soberanía formal, ni de una legitimidad meramente jurídica derivada de la representación institucional, sino de una capacidad efectiva de conducir a la comunidad nacional hacia la realización de sus fines colectivos. Esta no se agota en los marcos republicanos tradicionales, donde el Estado es soberano por definición, ni tampoco en una abstracción populista en que todo se justifica "en nombre del pueblo". La soberanía política es, en su sentido más pleno, el acto de transformar la potencia popular en poder organizado, estructurado y conducido estratégicamente en dirección a un proyecto de justicia social, dignidad nacional y desarrollo con inclusión. Es la praxis concreta de un pueblo que se autogobierna mediante sus propias instituciones, su propia cultura y su propia voluntad organizada.

Así, el Frente Amplio no puede contentarse con administrar el Estado dentro de los márgenes heredados de la institucionalidad neoliberal. Para ejercer soberanía política, debe construir —desde el pueblo y con el pueblo— una nueva arquitectura del poder: una comunidad organizada que dé sustento social a la acción política, un movimiento doctrinario que articule y conduzca esa fuerza popular, y un Estado que actúe como instrumento de realización y no como fin en sí mismo. Sin esa tríada estructural, el poder se vuelve fragmentado, improvisado o fácilmente capturable por intereses ajenos. Soberanía política implica entonces crear nuevas instituciones cuando las heredadas impiden la justicia, reconfigurar la economía cuando el mercado concentra el poder, y organizar la vida social desde el principio de comunidad antes que desde la lógica del contrato individual. Es, en otras palabras, construir poder estratégico con base social, horizonte histórico y voluntad de transformación.

Pero el ejercicio de la soberanía no es neutral: siempre sirve a un proyecto. El poder sin conducción no es más que una forma de caos o de dominación. La soberanía política requiere conducción histórica: líderes capaces de interpretar las fuerzas sociales, sintetizar voluntades colectivas y orientar la acción común en función del bien general. Gobernar sin conducir, como lo hace la tecnocracia o la política profesionalizada, equivale a gestionar la dependencia y administrar la desigualdad. En cambio, conducir es forjar un rumbo nacional, una visión de país, una ética compartida que permita transformar la historia en vez de someterse a ella. Para el Frente Amplio, esta concepción de la soberanía exige abandonar la idea de que basta con obtener cargos públicos o mayorías parlamentarias; lo que se necesita es una conducción con visión, con raíces populares, y con capacidad de unir lo diverso en torno a un proyecto común de nación justa, libre y soberana.

Toda legitimidad es perdida cuando la política se separa de su base: el pueblo organizado. Cuando el poder se ejerce desde el Estado o desde los partidos sin vínculo real con las mayorías sociales, se convierte en dominación, aunque conserve su forma democrática. Un gobierno puede ser legal y, sin embargo, no ser soberano si ha sido capturado por los intereses de una minoría, del capital financiero, o de una élite que actúa al margen del sentir popular. Por ello, el Frente Amplio debe concebir la soberanía política como un lazo dinámico entre conducción, pueblo y proyecto. Sin pueblo organizado, ni conducción, no hay soberanía posible, ni dirección histórica.

2.3   Independencia económica

La campaña del compañero Gonzalo Winter nos ofreció una inédita formulación sobre la vía chilena al desarrollo. Esto se materializa en un proyecto nacional como independencia económica, pues es una condición fundamental para que Chile recupere su soberanía y construya un modelo de desarrollo al servicio del pueblo. Para ello, es indispensable romper con el modelo primario-exportador y avanzar hacia una nueva matriz productiva nacional. Esto implica no solo cambiar qué se produce, sino también cómo se produce: incorporando valor agregado, tecnología e innovación, y dejando atrás la dependencia del extractivismo como base del crecimiento. Esta transformación debe estar guiada por una política industrial y comercial activa, planificada y soberana, en la que el Estado articule a universidades, sindicatos, empresas y centros de investigación en función de un proyecto nacional. Se trata de fijar prioridades productivas, tecnológicas y comerciales que respondan al interés del país, no a las imposiciones del mercado global.

Una economía independiente requiere también una fuerte inversión pública en infraestructura estratégica. El desarrollo de una red multimodal de ferrocarriles, puertos y corredores bioceánicos permitirá conectar los territorios, fortalecer a las PYMES y proyectar a Chile como un nodo logístico del Pacífico Sur, capaz de relacionarse con el mundo en términos favorables. Junto con ello, es indispensable recuperar el control de nuestros recursos naturales, especialmente del litio, el cobre y las fuentes de energía. La creación de una Empresa Nacional del Litio y el liderazgo estatal en el desarrollo del hidrógeno verde son claves para construir industrias con valor agregado, que generen riqueza para el país y no para las multinacionales.

Este modelo debe tener una base social amplia y democrática. Por eso, el fortalecimiento de las PYMES y cooperativas es central para ampliar la economía nacional desde lo local y lo popular. Un nuevo estatuto para las pequeñas y medianas empresas, junto con centros de negocios cooperativos, permitirá que los trabajadores y las comunidades sean protagonistas de la producción y la distribución de la riqueza. Finalmente, la independencia económica se juega también en el plano internacional. Chile debe construir una política comercial coherente con su estrategia productiva, que priorice la integración latinoamericana, la construcción de cadenas de valor regionales y un multilateralismo desde el Sur. Solo así será posible dejar atrás la dependencia de tratados asimétricos y recuperar la capacidad de decidir soberanamente nuestro destino económico.

3.       Superar el centro, convocar al pueblo: hacia una lista única por la

conducción nacional

Tras haber desarrollado una arquitectura conceptual que define al pueblo como comunidad organizada y al movimiento popular como sujeto histórico, y luego de haber establecido un fundamento doctrinario claro basado en los principios de justicia social, soberanía política e independencia económica, corresponde ahora abordar el plano de su aplicación inmediata en el escenario electoral. No se trata de una simple bajada táctica ni de una adaptación pragmática, sino de comprender cómo una propuesta nacional y popular puede intervenir con eficacia en el mapa político actual, reorganizando las fuerzas progresistas en torno a un nuevo eje de sentido. En esta sección, analizamos los límites históricos de la categoría de centro político y proponemos una arquitectura electoral coherente con nuestra orientación doctrinaria, que permita convocar a las mayorías sociales desde una narrativa transformadora y una estrategia de poder con vocación de conducción nacional.

En el actual ciclo político chileno, la categoría del centro político ha dejado de tener densidad histórica, capacidad articuladora o potencia electoral. Más que una posición ideológica, el centro ha devenido en una zona vacía de la política, una especie de limbo conceptual donde desaparecen tanto los proyectos como los sujetos. Las experiencias recientes de actores que buscaron situarse en ese espacio —ya sea desde el oficialismo o la oposición— muestran que el electorado no responde a posiciones que no encarnen con claridad un conflicto, un horizonte y un pueblo. El llamado centro político no es ya un lugar de síntesis, sino de disolución: quien se acomoda en él, se disuelve. Por eso, seguir organizando la estrategia parlamentaria en torno a esta categoría —ya sea para captar a los “moderados” o “independientes”— solo condena a los proyectos populares a la irrelevancia.

Desde esta constatación, la única arquitectura electoral coherente con un proyecto nacional y popular es aquella que ordena el campo político en torno al clivaje pueblo versus élite. Esto no implica una simplificación demagógica, sino una comprensión profunda de la crisis de representación que atraviesa Chile. La desafección de las grandes mayorías no proviene de una supuesta radicalización ideológica, sino de la incapacidad de los partidos de ofrecer una alternativa histórica al orden neoliberal. Por eso, levantar una lista parlamentaria única que agrupe a todas las expresiones del progresismo, el centro transformador y la izquierda —desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista— es una decisión táctica y estratégica. No se trata de una mera alianza administrativa, sino de estructurar la elección como una disputa por la conducción de la nación. La candidatura de Jeannette Jara no debe ser leída como una reiteración de la centroizquierda tradicional, sino como la posibilidad de encarnar un nuevo bloque histórico que articule las esperanzas de justicia, soberanía y bienestar popular con una conducción política transformadora.

Esta propuesta responde a la necesidad de interpelar directamente a esa masa popular hoy flotante entre el abstencionismo y la extrema derecha. Solo un proyecto con densidad política y vocación mayoritaria, que integre las identidades históricas del progresismo con un relato nuevo y convocante, podrá organizar políticamente a esa mayoría dispersa. El Frente Amplio, lejos de refugiarse en su identidad original o encapsularse en lógicas facciosas, debe asumir el liderazgo de esta arquitectura amplia y plebeya. No como concesión al centro, sino como superación del mismo; no como renuncia doctrinaria, sino como afirmación nacional y popular. Así, la lista única no será una táctica electoral, sino el primer paso para reorganizar a las mayorías sociales en torno a un proyecto de país y disputar la hegemonía política en clave transformadora.

Por otro lado, resulta evidente que el Socialismo Democrático ha entrado en una crisis de conducción política. Su relato, anclado en la nostalgia de la transición y en la estrategia del centro político, ha sido superado por la dinámica real del país. La reciente primaria presidencial ha dejado en evidencia este declive: el polo popular de la coalición de gobierno, representado por Jeannette Jara, logró un triunfo contundente que no solo reordena las fuerzas internas, sino que redefine el eje de la convocatoria política. En efecto, el Socialismo Democrático no tiene hoy la capacidad de convocar a esa masa de personas que, alejadas de los partidos y la política institucional, decidirán la segunda vuelta presidencial. Ya no basta con apelar a la moderación ni con garantizar gobernabilidad: lo que se necesita es un relato que conecte con la experiencia vital, las necesidades concretas y el sentido de dignidad de los sectores populares. Esa tarea no puede asumirla el progresismo tecnocrático ni los partidos de la transición; le corresponde al Frente Amplio, en la medida en que sea capaz de articular una propuesta doctrinaria y cultural que se enraíce en el mundo popular y que exprese, como horizonte compartido, una visión nacional. Porque si hay algo que une a esos sectores postergados, dispersos y desconectados de la política institucional, es que son parte del pueblo chileno y comparten, con la mayoría del país, una profunda conciencia nacional. El desafío, entonces, no es moderarse para gustar al centro que ya no existe, sino elevar la conciencia del pueblo y construir desde allí un proyecto de mayoría.

Conclusión

La coyuntura que atraviesa el Frente Amplio tras su derrota en las primarias presidenciales no constituye simplemente una crisis electoral, sino la manifestación de un agotamiento más profundo: el debilitamiento de su capacidad para articular un proyecto de país desde y para el pueblo. Este documento ha buscado demostrar que dicha crisis no puede resolverse ni mediante ajustes administrativos ni mediante repliegues identitarios, sino solo a través de una refundación doctrinaria, organizativa y estratégica del partido en clave nacional y popular.

La propuesta aquí planteada parte de una premisa fundamental: el pueblo no es un objeto de representación ni una masa de votantes a ser convocada ocasionalmente, sino un sujeto histórico que, a través de su organización, movilización y conciencia, puede construir un destino común. Para ello, se requiere una estructura política que no se limite a administrar lo dado, sino que interprete, conduzca y transforme la realidad. En esta perspectiva, la comunidad organizada constituye el fundamento social del proyecto; el movimiento popular, su fuerza motriz; y el partido, el instrumento mediante el cual esa fuerza se convierte en poder político.

Los principios de justicia social, soberanía política e independencia económica constituyen los ejes doctrinarios de esta reconfiguración. No se trata de consignas abstractas ni de herencias ideológicas, sino de coordenadas concretas para orientar la acción política hacia un horizonte de transformación estructural. A partir de ellas, se propone también una estrategia electoral clara: superar la ilusión del centro político como espacio articulador y convocar, en cambio, a las mayorías sociales desde una arquitectura amplia, plebeya y transformadora.

Esta propuesta no pretende clausurar el debate, sino abrirlo. Invita a la militancia, a las organizaciones sociales y a los distintos sectores del Frente Amplio a pensar colectivamente el futuro del proyecto, no desde la urgencia táctica ni desde la autocomplacencia identitaria, sino desde una voluntad política de conducción nacional. Lo que está en juego no es solo el destino de una fuerza política, sino la posibilidad de ofrecer a Chile una alternativa real frente al estancamiento institucional y la ofensiva reaccionaria. En este sentido, reorganizar el Frente Amplio como un instrumento del pueblo organizado no es una opción: es una necesidad histórica.

Desde esta convicción, invitamos a todas y todos los militantes del Frente Amplio —independientemente de su pertenencia orgánica, su trayectoria o su sensibilidad política— a sumarse a esta corriente nacional y popular. No aspiramos a constituirnos como un círculo político cerrado ni a disputar cuotas de poder en la administración del Estado. Nuestro objetivo es más profundo: promover la deliberación colectiva sobre la necesidad de un proyecto histórico popular, capaz de reenraizar la política en la vida del pueblo, dotarla de sentido transformador y proyectarla hacia un nuevo ciclo de construcción nacional.